PERSPECTIVAS DE LA PRESA COLOMBIANA

PERSPECTIVAS DE LA PRESA COLOMBIANA 

En esta ley (LEY 29 DE 1944) es despectivo marcar la eterna discusión de dos conceptos aparentemente contradictorios, pero complementarios: libertad de información y responsabilidad social. La Constitución de 1991 contempla un conjunto de normas, que, bien aplicadas, permitirían combinar, en beneficio de todos los colombianos y no de unos cuantos grupos o personas, los dos conceptos. El artículo 20 establece que no habrá censura, que los medios son libres, pero tienen responsabilidad social, que existe la libertad de informar, pero también el derecho a recibir información veraz e imparcial. El artículo 73 señala que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Y el artículo 75 dispone que para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas, en el uso del espectro electromagnético.

Hoy en día los peligros para la libertad de prensa no radican en la posibilidad de que un gobierno atrabiliario mande censores a las redacciones de los periódicos en el momento del cierre para que pongan o quiten titulares (como en los años cuarenta y cincuenta), o que organice una operación de salvamento para ayudar económicamente a un periódico cercano al Ejecutivo, o que se encarcele a periodistas por razón del oficio, o que abiertamente se clausuren medios de comunicación.

En mi opinión lo relevante de la discusión es indagar si los cambios en la estructura de propiedad han tenido un impacto ambiguo. Por ejemplo si los periódicos que lograron ventaja en la competencia por un mercado local lo hicieron desarrollando prácticas periodísticas que tuvieran acogida en el público o en general, tuvieron que mantener una actitud relativamente independiente frente a las autoridades, y desarrollar estrategias de denuncia e investigación que desbordaran las de sus competidores. Si acostumbraron al público a un periodismo que no pierde oportunidad de mostrar corrupción o insuficiencia en la acción del Estado, y si no han abandonado esta orientación. En su afán por consolidar este tipo de publicaciones, han generalizado la existencia de equipos de investigación. Como una parte importante del público ha ido desarrollando, por otra parte, una actitud de escepticismo frente a los medios, han hecho esfuerzos para ganar credibilidad, como el nombramiento de defensores del lector, televidente, etc. que buscan aclarar los casos en los que el periódico o canal televisivo falla en la calidad de su información.

Sesgos informativos muy evidentes no son ya comunes, pues provocarían un rechazo muy amplio de grupos numerosos usuarios de los sistemas informativos. Y en cuanto a la expresión de opiniones, los medios han evolucionado hacia la búsqueda de columnistas que cubran un abanico amplio de posiciones ideológicas: el medio homogéneo no resulta viable en medio de una decadencia general de la intensidad del vínculo de los ciudadanos con sus partidos políticos.

En conjunto, los procesos de los últimos años han consolidado la independencia de la prensa frente al gobierno, la han hecho –con razones que probablemente son válidas y pueden luego protegerla de otras interferencias- ligeramente más vulnerable a restricciones de tipo judicial y la han transformado al convertirlas en empresas sólidas con una visión menos centrada en lo estrictamente periodístico. Si uno compara los medios de estos años con los de hace 50 años, encuentra que en vez de prensa de partido, sesgada y unilateral, se trata de medios que tratan de ocultar al máximo sus sesgos y preferencias y en vez de presentar al público una imagen ideológica clara y una posición bien definida, tratan de que se les reconozca como medios neutrales, con una información objetiva y con columnistas de opinión que cubran un amplio espectro ideológico.  

Sin embargo, si la represión estatal es mínima y más bien informal, y si los riesgos del ordenamiento legal, y de un sistema judicial que tiende un poco a creer que su función es definir como debe ser nuestra sociedad, son remotos, las amenazas de los particulares, de los delincuentes, de las organizaciones armadas no estatales, son muy serias: los periodistas son víctimas no tanto del estado como de la sociedad civil. Esto ha obligado a los medios a actuar con energía insólita y ha convertido el heroísmo en requisito para el ejercicio de la prensa en ciertos sitios. En este aspecto, los medios colombianos han tenido una historia notable y recomendable, y no han cedido ante las presiones más fuertes y evidentes.

Pero es igualmente cierto que el derecho de los ciudadanos a recibir una información que cumpla con los requisitos de una sociedad democrática, completa, veraz, imparcial, no se cumple en forma del todo satisfactorio y que la calidad profesional y ética de los medios de comunicación es desigual. La tendencia a convertir, a veces con la complicidad interesada de las víctimas, la vida privada en tema central de la información es perturbadora… El desplazamiento de la información relevante para el orden democrático por una información frívola y sin peso, que ocupa cada vez más espacio, y que da el carácter a los noticieros de televisión, es inaceptable aun si es basada en el principio de contar historias.

En términos globales, la calidad misma de la información, el cuidado de los datos, la capacidad para verificar las remisiones de las oficinas públicas, es muy variable. Factores empresariales, condiciones de trabajo de los periodistas, búsqueda de determinados públicos, atención a problemas de mercado, sesgos gremiales, calidad profesional, y muchos otros factores influyen en esto. Ante estas limitaciones de calidad, que por lo demás se presentan en forma similar en todas las sociedades modernas, surgen a veces tendencias que piden una mayor regulación estatal o privada de los medios. Pero en las circunstancias actuales del país, hay que insistir en conservar e incluso reforzar la independencia de los medios de cualquier intromisión del gobierno y la precisa delimitación de las relaciones entre los medios y los particulares, en especial en lo relativo a los derechos al buen nombre y la honra, que sin duda deben mantener su protección frente a medios cada vez más interesados en la vida privada de las personas. Y al mismo tiempo subrayar la prioridad de mejorar la calidad de la información, de ofrecer a la ciudadanía una información cada vez más compleja y contextualizada, imparcial, completa y veraz. Pues la calidad final de la democracia, de las decisiones democráticas, depende, como lo señalaba en las palabras iniciales de este texto, del acceso de los ciudadanos a una información adecuada.

Los problemas del futuro serán sin duda como diferenciar la oferta de información, de manera que se creen medios que respondan a los diferentes nichos sociales, a los diferentes niveles de exigencia de información. Es posible que Internet ofrezca algunos elementos de solución, en la medida en que libere algo a los periodistas de las exigencias económicas que estimulan hoy unos medios obsesionados con elevar su volumen de circulación, en un proceso que está haciendo primar el entretenimiento sobre la información. Pero lo que debe tenerse presente, es que la calidad de la democracia está y estará siempre muy relacionada con la calidad de los medios, viejos y nuevos, con su independencia y su capacidad de ofrecer en conjunto a los ciudadanos una oferta, no de recreación, sino de información amplia, completa y realmente pluralista.